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Mayor inseguridad jurídica en la regulación del Plan de Viviendas Turísticas

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mayo 2019

Por Álvaro Gutiérrez Molano y Rafael Chica Beltrán

El pasado día 23 de abril de 2019 fue publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el acuerdo adoptado por parte del Pleno del Ayuntamiento en su sesión de fecha 27 de marzo, en el que se aprobaba de forma definitiva el “Plan Especial de regulación del uso de servicios terciarios en la clase de hospedaje, distritos de Centro, Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamartín, Tetuán, Chamberí, Moncloa-Aravaca, Latina, Carabanchel y Usera”.

El citado Acuerdo pone fin, mediante la aprobación definitiva del Plan Especial, a la moratoria aprobada por el Consistorio en el mes de febrero de 2018 que suponía una paralización de la concesión de licencias por parte del Ayuntamiento para el establecimiento de viviendas y apartamentos de uso turístico.

Agua de mayo y chaparrones de abril

La situación generada por la moratoria planteaba un escenario de indefinición e incertidumbre jurídica. El Ayuntamiento, que no tiene competencias en materia de turismo, se sirve de un procedimiento urbanístico sobre una interpretación forzada del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) vigente, interviniendo de facto y de forma absoluta en el  sector.

Si a esto añadimos la parálisis que ha supuesto el largo periodo de tiempo en el que se ha prolongado la moratoria, es perfectamente comprensible que los agentes interesados, esperaran la aprobación definitiva como “agua de mayo”.

Algunos albergaban la esperanza de que la aprobación definitiva del Plan Especial, al menos traería un marco normativo estable para quienes pretendieran dedicar los inmuebles a vivienda o apartamento de uso turístico. Sin embargo, no se explica la cantidad de expedientes sancionadores, apercibimientos de cierre y clausura, y la persecución que repentinamente se viene produciendo en Madrid desde hace menos de un año. Quizás la razón sea la inseguridad jurídica que existe actualmente, con leyes y normativa regulatoria sacada de forzadas interpretaciones, y dejar todo a las batallas judiciales para que la maquinaria administrativa someta de este modo a los ciudadanos por el desgaste que les supone mantenerlas, ante criterios e interpretaciones que cambian continuamente, incluso mientras se dilucidan todas ellas.

No se ha logrado ni siquiera eso. Las aprobaciones llevadas a cabo por ambas administraciones, lejos de suponer un alivio para el sector, siquiera por sacar de la incertidumbre a los interesados en esta forma de alquiler que intentan cumplir la ley, ha venido a sembrar aún más dudas. Como decía nuestro Profesor e Insigne Catedrático de Derecho Administrativo D. Alejandro Nieto, “En las áreas del Poder, no se piensa, se improvisa”.

Por tanto, las publicaciones tanto de la aprobación definitiva del Plan Especial, como la del Decreto que modifica el anterior del 2014 por el que se regulan los Apartamentos Turísticos y las Viviendas de Uso Turístico de la Comunidad de Madrid, han llegado como “chaparrones de abril”, y generado un torrente que puede llevarse por delante incluso a los ciudadanos que se creían a salvo de las restricciones que se imponían a otros.

Falta de coordinación e inseguridad jurídica

En este sentido, la regulación aprobada por el Ayuntamiento tomaba como base el marco jurídico diseñado por el Decreto de la Comunidad del año 2014, por el cual se consideraban viviendas de uso turístico aquellas que se alquilaran durante más de 90 días al año. Desde la Comunidad de Madrid se venía anunciando desde hacía tiempo que iba a modificar dicho decreto.

Pues bien, Ayuntamiento y Comunidad, ni han colaborado, ni han cooperado, ni se han coordinado, como ordena el Artículo 140 de la Ley 40/2015, antes llevar a cabo sus respectivas aprobaciones. El resultado es la situación en la que nos encontramos, en la que dos normas que deben ser interpretadas en su conjunto por remisión expresa de una a otra, no están coordinadas.

La Comunidad de Madrid, finalmente ha modificado el Decreto 79/2014 mediante la aprobación, del Decreto 2/2019. Entre las modificaciones, cabe destacar la desaparición del criterio temporal para la determinación de las viviendas y apartamentos como de uso turístico. Así, en su artículo segundo, se señala que tendrán la consideración de viviendas de uso turístico los pisos, estudios, apartamentos o casas que, de forma habitual, amueblados y equipados en condiciones de uso inmediato, sean comercializados a través de canales de oferta turística o cualquier otro medio de promoción con la finalidad de uso turístico mediante la percepción de un precio. Del mismo modo, se considera que la actividad se ejerce de forma habitual desde el momento de publicitar por cualquier medio dicha vivienda y se presenta la Declaración responsable de inicio de actividad que requiere el Decreto en sus artículos 11 y 17.

El resultado puede dar lugar a la extensión del régimen restrictivo a la totalidad de inmuebles destinados a ese fin, y por ende a todos los ciudadanos, obligándoles a todos, incluso a los que pretendan dedicar su propia vivienda al alojamiento residual al alojamiento turístico, no solo a la obtención de la pertinente autorización en la Comunidad de Madrid mediante la presentación de la oportuna declaración responsable, sino a la obtención de una licencia municipal de actividad como si de una explotación comercial en sentido estricto se tratara.

Queda patente que, con el pretexto del urbanismo se ha pretendido no solo limitar, sino que se ha logrado eliminar e intervenir completamente una actividad sobre la que el Ayuntamiento no tiene competencias.

Con la aprobación del Plan Especial por el Ayuntamiento de Madrid y la modificación del Decreto 29/2014 por la Comunidad Autónoma, se complica aún más si cabe la inconexa normativa existente en nuestro territorio nacional, en cuanto a este tipo de viviendas se refiere. Al evidenciarse de esta forma la arbitrariedad con la que las diferentes administraciones, e incluso pertenecientes a la misma autonomía, se manejan a la hora de imponer obligaciones a los administrados, no cabe sino esperar el recrudecimiento y la ampliación de los frentes judiciales abiertos. ¿Para eso han esperado tanto los sufridos operadores e interesados soportando todo este tiempo la parálisis y la incertidumbre provocada por la Moratoria?

Respecto a los procedimientos sancionadores, lo más probable es que serán continuados por parte del Consistorio. Resta por ver lo que sucederá con aquellos que pudieran ser susceptibles de iniciarse transcurrido el plazo de seis meses que, en el caso de las viviendas de uso turístico dadas de alta con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto 29/2019, se establece para su adecuación a la nueva situación jurídica. La incertidumbre y la inseguridad jurídica por ahora se mantienen.

Quedaremos pendientes de ver si ambas administraciones se ponen de acuerdo o, en último extremo si son distintas, cual es la postura o interpretación expresa de cada una de ellas, para que los administrados y los que suscriben, sepamos a qué atenernos a este respecto y si es posible, de una vez por todas.

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