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La controvertida “presunción de temeridad procesal” contenida en los acuerdos alcanzados en materia de Transporte Aéreo

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Publicación: Opinión

El pasado 26 de octubre de 2018 los magistrados titulares de los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona, fijaron una serie de criterios relativos a los procedimientos en los que se aplica el Reglamento (CE) nº 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, tratando de establecer una cierta unidad en sus resoluciones de cara a proporcionar mayor seguridad jurídica en esta materia.

Entre esos acuerdos de unificación llama la atención el relativo a las costas procesales, en tanto que su planteamiento perjudica gravemente, creemos que sin suficiente justificación legal, el derecho de defensa de una de las partes litigantes, en este caso la de la Compañía Aérea. El referido acuerdo reza así:

(…) 4.‐ En materia de costas, habida cuenta de que la cuantía de los procedimientos determina, en la mayoría de los casos, la falta de obligación de comparecer con Abogado y Procurador, solo se apreciará temeridad cuando concurran circunstancias extraordinarias que la justifiquen, como sería el supuesto de que la compañía aérea hubiera sido condenada previamente en relación al mismo vuelo.

Este criterio parece anteponer como medida disuasoria de los procesos la prevalencia de la economía procesal, principio éste que, a pesar de su importancia, palidece frente a derechos constitucionales muy superiores como la tutela judicial efectiva (artículo 24 de la Constitución Española) o la igualdad ante la ley (artículo 14 de la Carta Magna).

Los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona presumen así la temeridad por la mera existencia de un procedimiento judicial en que la parte demandada (aerolínea) haya resultado condenada en relación con el mismo vuelo. Ello creemos que puede llegar a comportar una infracción del criterio de aplicación restrictiva en la apreciación de la temeridad que se colige del propio artículo 32.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil según reiterada doctrina de Juzgados y Tribunales, al considerarse mecánicamente que el pasajero siempre recaba el auxilio jurisdiccional por la actitud de la Compañía Aérea, al deber ser indemnizado de una manera automática en sus solicitudes, lo que no se corresponde en muchos casos con la realidad, a tenor de nuestra experiencia forense en estos asuntos. Pues bien, frente a esto, el citado precepto adjetivo lo que establece es que: Se entenderá que, en todo caso, existe mala fe, si antes de presentada la demanda se hubiese formulado al demandado requerimiento fehaciente y justificado de pago, o si se hubiera iniciado procedimiento de mediación o dirigido contra él demanda de conciliación.

Primeramente, debe tenerse en cuenta que en este tipo de materias no suelen constar requerimientos fehacientes ni justificados de pago, al aportarse normalmente por los pasajeros meros correos electrónicos sin ningún tipo de acuse de recibo, ni siquiera justificante alguno de su emisión. Así pues, lo que a nuestro criterio vienen a establecer ahora los Juzgados de Barcelona es una nueva y gratuita “presunción”, no prevista en la ley: la de culpabilidad de la compañía aérea en el aspecto relativo a la condena en costas, lo que muy bien puede reputarse como algo contrario a nuestro ordenamiento jurídico.

El artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre carga de la prueba, impone a la parte actora acreditar todos los extremos de su pretensión (lo que incluye la petición de la condenada en costas), con los medios de prueba pertinentes, siendo pues su tarea la de acreditar de manera fehaciente la realidad del referido envío. Si no lo hace y pese a ello la demandada resulta judicialmente condenada en ese extremo, se podría estar infringiendo dicha norma de onus probandi; e incluso podemos decir que hasta se violentaría el principio de la presunción de inocencia contenida en el artículo 24 de nuestra Carta Magna.

Pero es que, a mayores, no puede presumirse la temeridad, siempre con un ámbito de estimación muy restrictivo, tal y como se contempla en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife de 5 de julio de 2013, así como, en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Almería de 22 de julio de 2014. Más recientemente también se ha pronunciado de esta manera el Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid en su Sentencia nº 459/2018 de 19 de octubre: En atención a lo expuesto y que la interpretación del concepto legal de temeridad es necesariamente restrictivo no procede aplicar la excepción señalada en el art. 32.5 de la LEC.

Además de todo ello consideramos que los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona también deberían tener en cuenta la no tan remota posibilidad de que distintos Juzgados o Tribunales, conforme a su soberanía, aprecien respecto de un mismo vuelo la existencia o la no existencia de circunstancias extraordinarias eximentes de la obligación de compensar a los pasajeros afectados por una cancelación o un gran retraso; llegando en ocasiones hasta el mismo juzgador a mostrar criterios dispares con el paso del tiempo, según nos demuestra nuestra propia experiencia en estos casos.

Por último, añadir que si bien puede existir una cierta identidad de hechos entre los pasajeros que comparten vuelo, lo cierto es que sus reclamaciones no presentan necesariamente una coincidencia absoluta, pudiendo tener las mismas notables peculiaridades que supongan su estimación o desestimación, según el caso. Presumir sin más esa identidad absoluta mermaría el derecho de defensa con el que cuentan las Compañías Aéreas.

Como siempre que los órganos judiciales tratan de aunar criterios en materias tan dadas a la casuística como éstas, lo que normalmente se tensiona es el propio arbitrio de cada concreto órgano judicial, pero también muchas veces hasta el derecho de defensa de alguno de los litigantes. En este caso es claramente la defensa de las compañías aéreas la que puede verse menoscabada.

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